La II Jornada de Juntas de Gobierno del Consell de Colegios de Procuradores de Catalunya aborda en Lleida los retos de futuro de la profesión

La Llotja de Lleida ha acogido la II Jornada de Juntas de Gobierno del Consell de Colegios de Procuradores de los Tribunales de Catalunya con la participación de los máximos representantes de la procura catalana, leridana y estatal: Javier Segura Zariquiey, presidente del Consell; Macarena Ollé Corbella, decana del Colegio de Procuradores de Lleida, y Alberto N. García Barrenechea, presidente del Consejo General de Procuradores de España. El encuentro también ha contado con representantes de las Juntas de todos los colegios de procuradores catalanes y autoridades judiciales del territorio.

La jornada ha sido un espacio de trabajo e intercambio para compartir las inquietudes de los diferentes colegios, identificar necesidades comunes y reflexionar sobre los principales retos que afronta la procura y el futuro de la Administración de justicia. El programa se ha articulado en torno a cuatro mesas redondas dedicadas a las notificaciones judiciales, la deontología y el turno de oficio, el futuro de los colegios profesionales y la relación entre las universidades y la procura.

En la inauguración, el consejero de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, ha reivindicado el papel de los colegios de procuradores como interlocutores imprescindibles de la Administración. Ha señalado que el Departamento necesita conocer de primera mano las carencias y prioridades de los profesionales para orientar las mejoras en el funcionamiento de la justicia.

Espadaler ha destacado la función de los procuradores como pieza clave en la conexión entre los tribunales de instancia y la ciudadanía, y ha apuntado las notificaciones judiciales como uno de los ámbitos que requieren mejoras. También ha remarcado que las reformas deben ir acompañadas de más medios humanos y materiales y de nuevas dotaciones judiciales para desplegar adecuadamente el nuevo modelo de organización.

Javier Segura Zariquiey ha subrayado la necesidad de trabajar de manera coordinada para identificar las carencias del colectivo y encontrar respuestas compartidas. La jornada ha permitido poner en común las experiencias de los diferentes colegios y abordar actuaciones que contribuyan a reforzar la profesión y ofrecer un mejor servicio a los colegiados y a la ciudadanía.

Macarena Ollé Corbella ha agradecido que Lleida acogiera esta segunda edición y ha destacado la importancia de que las actividades del Consejo lleguen a los diferentes territorios de Catalunya. También ha valorado que el encuentro permita reunir a las juntas de gobierno, compartir inquietudes y reforzar los vínculos entre los profesionales. La iniciativa da continuidad a la primera edición, celebrada en Girona en 2025.

Por su parte, Alberto N. García Barrenechea ha puesto el acento en la diversidad de realidades de los colegios de procuradores en todo el Estado. En el marco de las visitas que está realizando a las diferentes corporaciones, ha destacado que conocer de cerca sus necesidades permite identificar fortalezas y carencias y entender las diferencias según el territorio y la dimensión de cada colegio.

A la jornada han asistido también el presidente de la Audiencia Provincial de Lleida, Albert Guilanyà i Foix; el presidente del Tribunal de Instancia de Lleida, Eduardo Enrech Larrea; la secretaria coordinadora provincial, Lídia Urrea Marsal, y la decana del Ilustre Colegio de la Abogacía de Lleida, Antònia Martí Teruel.

Cuatro mesas redondas han estructurado la jornada

La jornada se ha estructurado en cuatro sesiones de debate: dos por la mañana y dos por la tarde. La primera, dedicada a la implementación y el desarrollo de Noticat, ha contado con las intervenciones de Iolanda M. Aguilar i Juncosa, secretaria para la Administración de justicia, y Maldo Roch Caja, jefe del SISPI. Carlos Molina Blanchar ha sido el moderador. El debate se ha centrado en la evolución de los sistemas de notificación judicial y en los aspectos que es necesario mejorar para facilitar su funcionamiento.

La segunda ha abordado la deontología, el turno de oficio y la territorialidad. Han participado Albert Guilanyà i Foix, Belén Gurruchaga Olave y Joan Manel Bach Ferré, con Susana Puig Echeverría como moderadora. Se han tratado cuestiones como las sustituciones entre procuradores, las incidencias en la prestación del servicio de justicia gratuita, las diferencias de acceso según el territorio y la necesidad de avanzar hacia un marco común en Catalunya.

El futuro de los colegios profesionales ha centrado el tercer debate, con la participación de Alberto N. García Barrenechea, Alfredo López Rodríguez y Jordi Pascual González. Mònica Piñol Tomàs ha sido la moderadora. Se han abordado las posibles modificaciones estatutarias, el impacto de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en el ejercicio de la profesión, la sostenibilidad económica y las obligaciones legales de los colegios.

Finalmente, la cuarta mesa ha analizado la relación entre las universidades y la procura. Han intervenido Mercè Castillo Solsona, directora del Máster de la Abogacía y la Procura de la Universitat de Lleida; Anthony Angelo Sabattini, y Núria Antón Martínez, con Macarena Ollé Corbella como moderadora. Se han tratado la armonización de los planes de estudio, la formación continuada del profesorado y la necesidad de dar más visibilidad a la profesión entre los estudiantes.

La jornada ha coincidido con la entrega, el 12 de noviembre, del Premio Josep Maria Guarro Callizo al mejor trabajo de final de grado sobre derecho procesal y procura de la Universitat de Lleida, que ha distinguido a Laia Vidal Florensa. El acto ha incluido también la conferencia «La procura en el siglo XXI», a cargo de Javier Segura Zariquiey, sobre los retos de modernización y digitalización de la justicia y el papel de la inteligencia artificial en la evolución de la profesión.

Con esta segunda edición, el Consejo reitera su compromiso con la coordinación y la cohesión de los colegios de procuradores, la defensa de los intereses de la profesión y la participación activa en los debates sobre el futuro de la Administración de justicia.