El Departamento de Justicia, el Consejo de la Abogacía y el Consejo de Procuradores acuerdan mejoras en la asistencia jurídica gratuita

El Presidente del Consejo de Colegios de Procuradores de los Tribunales de Cataluña, Ángel Quemada, ha firmado hoy un documento de compromiso de mejora de la asistencia gratuita con la Consejera de Justicia, Ester Capella, y el presidente del Ilustre Consejo de la Abogacía Catalana, Manel Albiac.

Con este documento, las partes acuerdan que el Departamento de Justicia aumentará en un 1,5% los importes que reciben los abogados y procuradores por las actuaciones en asistencia judicial gratuita. El incremento será efectivo a partir del 1 de enero de 2021. Estas retribuciones estaban congeladas desde el 2017.

Las principales actuaciones de la justicia gratuita son asistencias al detenido, procedimientos abreviados, juicios rápidos, juicios verbales, procedimientos contenciosos de familia y servicios de guardia. Cada profesional cobra de media unos 380 euros por caso.

Implantación del expediente electrónico
El documento firmado también establece que todos los colegios de abogados tendrán que implantar el expediente electrónico antes del 1 de septiembre de 2020. Es decir: tendrán que enviar a través de una aplicación electrónica los documentos y las solicitudes de defensa gratuita a las comisiones de asistencia jurídica, que son los órganos que reconocen o deniegan el acceso al servicio para cada caso.

Uso del catalán
A partir del documento firmado, los colegios también se comprometen a garantizar que los abogados y procuradores atiendan y actúen en catalán si así lo ha escogido el ciudadano que accede al servicio. Del mismo modo, el Departamento de Justicia aplicará un complemento económico de 15,2 euros por la presentación en lengua catalana de escritos iniciadores de procedimientos.

La opinión de la ciudadanía
El texto también prevé la puesta en marcha de mecanismos de control y medición de la calidad en la prestación del servicio, como por ejemplo encuestas u otras herramientas sistemáticas que permitan al Departamento de Justicia conocer la opinión de la ciudadanía sobre el servicio recibido por los profesionales de la asistencia jurídica gratuita.