Comparecencia del presidente del Consell ante la Comisión de Justicia y Calidad Democrática del Parlament de Catalunya

El presidente del Consell de Colegios de Procuradores de los Tribunales de Cataluña, Javier Segura Zariquiey, compareció el jueves 9 de abril ante la Comisión de Justicia y Calidad Democrática del Parlament de Catalunya, donde destacó la “función de colaboración activa” con la Administración de Justicia ejercida por el colectivo de la procura –que “va mucho más allá de la mera postulación procesal”, hizo– y su importancia en el contexto de implantación del nuevo modelo de Tribunales de Instancia.

Segura Zariquiey reflexionó a propósito del funcionamiento de la Justicia: “La calidad de un sistema judicial no se mide solo por las sentencias dictadas. Se mide por las sentencias ejecutadas”. “De nada sirve una sentencia dictada por un juez si no se hace cumplir de forma escrupulosa el contenido”, recalcó. Y recordó que en España solo el 25% de las sentencias se ejecutan en tiempo y forma adecuados, o que el impacto económico potencial asociado a la lentitud en la ejecución de sentencias dinerarias se estima en unos 11.000 millones de euros.

En este punto reivindicó el “papel nuclear” de la procura, al tratarse del conjunto de profesionales que intervienen de forma directa en la fase ejecutiva, a la vez que expresó que “cualquier reforma judicial que no mejore la fase de ejecución, quedará incompleta”. El presidente del Consell defendió, ante las diputadas y diputados presentes en la Comisión, que “procuradoras y procuradores de los tribunales creemos firmemente que podemos contribuir a mejorar esta fase del procedimiento judicial”.

Se refirió al Punto Neutro Judicial, una herramienta “del todo imprescindible” para obtener información patrimonial fiable en los procedimientos judiciales, de forma notoria en la fase de ejecución de sentencias. “El acceso regulado de la procura al Punto Neutro Judicial –en aquellos procedimientos en los que ya ostentamos la representación procesal– es una demanda histórica de nuestro colectivo que permitiría reducir de forma significativa el tiempo medio de ejecución de las resoluciones judiciales”, recordó con un matiz añadido: “No se trata de una reivindicación corporativa. Es, sencillamente, una propuesta de eficiencia sistémica al servicio de la tutela judicial efectiva”. El número de actuaciones del turno de oficio del colectivo de la procura en Cataluña durante el año 2025 fue de 226.395, con un importe económico global de más de 7,6 millones de euros.

Sobre los Tribunales de Instancia introducidos a raíz de la Ley Orgánica 1/2025 (o Ley de Eficiencia), Javier Segura Zariquiey aseveró que “conceptualmente, el modelo es coherente”, toda vez que “era necesario un cambio”. Pero alertó de las dificultades observadas, entre otras, “una elevada interinidad en el cuerpo funcionarial que retarda mucho el proceso judicial, junto con problemas de adaptación tecnológica y desajustes en la coordinación interna”. Para el presidente del Consell, “en un partido judicial de gran volumen como Barcelona, estos desajustes no se diluyen: se amplifican”.

En materia de digitalización afirmó que “si bien la tecnología es imprescindible, no puede compensar, por sí sola, los déficits estructurales”. A parecer suyo, “los procuradores hemos invertido recursos propios para adaptarnos al entorno digital, pero la responsabilidad estructural recae en la Administración”.

Después de ofrecer a los representantes de los partidos políticos algunos datos sobre la procura en Cataluña (nueve colegios profesionales, con el de Barcelona al frente en número de colegiados, y un total de 964 profesionales ejercientes que en 2025 superaron las 900.000 notificaciones recibidas en papel y los seis millones de notificaciones telemáticas gestionadas a través de Lexnet) y España (la profesión contribuye con más de 800 millones de euros al PIB), el presidente del Consell concluyó que “la eficiencia judicial es el resultado de una planificación adecuada, de recursos suficientes, de estabilidad organizativa y de una integración efectiva de todos los operadores jurídicos”.

Todavía más, advirtió que “los datos europeos nos indican que aún tenemos recorrido para acercarnos a los estándares de eficiencia de los países de nuestro entorno”. En el caso específico de Cataluña, precisó que “concentra un volumen muy elevado de actuaciones judiciales”. En este estado de cosas, quiso incidir en la idea de que “la procura puede contribuir a mejorar los indicadores de ejecución y reforzar la eficiencia del sistema”.

Y un apunte final sobre el objetivo compartido que supone la mejora de la ejecución, el reforzamiento de la seguridad jurídica y el aumento de la confianza ciudadana: “Aquí encontrarán siempre a la procura como aliada”, cerró Javier Segura Zariquiey.