El presidente del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de
Catalunya, Javier Segura Zariquiey, ha intervenido en la presentación del
informe La Justicia en España 2024, una iniciativa de la candidatura Procura el
cambio a las elecciones al Consejo General de Procuradores de España
(CGPE). Han acompañado a Segura Zariquiey los decanos de los colegios de
procuradores de Madrid y Vigo, Alberto García Barrenechea y José Antonio
Fandiño, respectivamente.

El informe pone el foco en el “atasco estructural” de la Justicia española y
apunta a una participación más activa de la figura del procurador como medida
para contribuir a su agilización.

El número de asuntos en trámite se cifró en 3.977.110 a finales de 2023 en el
conjunto de España, frente a los 2.611.468 correspondientes al término del
ejercicio 2018. Es decir, en cinco años el número de casos atascados ha aumentado un 52,29%, aunque con un matiz relevante a considerar: el atasco
crece más rápido en 2023 (+17,1% en un año). Asimismo, en este mismo
periodo 2018-2023, los pleitos se han incrementado cinco veces más que los
juzgados.

Por comunidades autónomas y en lo concerniente a 2023, la Región de Murcia
lideró el número de asuntos en trámite por órgano (1.411), por delante de
Castilla-La Mancha (1.214), Comunidad de Madrid (1.115) y Catalunya (1.087).

En su intervención con motivo de la presentación del informe en Madrid, Javier
Segura Zariquiey ha expresado que “la Justicia que llega tarde, no es Justicia”,
para argumentar a continuación que “tenemos muchos juzgados que han
duplicado y hasta cuadruplicado su atasco”. “Nos han de permitir ser los
aceleradores y facilitadores de la Justicia. Estamos profesionalmente
capacitados para conseguir la descongestión, función que además conseguiría
hacer más atractiva la profesión a los jóvenes estudiantes del Grado de
Derecho y futuros procuradores”, ha concluido el presidente del Consell.

Precisamente, la candidatura Procura el cambio ha incorporado en este análisis
de la Justicia en España algunas propuestas de mejora que se concretan en la
voluntad de reducir el atasco judicial un 50% en cinco años (esto es, pasar de
los referidos cerca de cuatro millones de 2023 a situarse por debajo de los dos
millones a finales del ejercicio 2028), adaptar el modelo portugués de
agilización de la Justicia (Portugal ha agilizado la Justicia en un 60% en 20
años elevando las competencias del solicitador y los solicitadores de ejecución)
y, por encima de todo, incorporar la figura del procurador ejecutivo en España
en pos de un “mayor y mejor aprovechamiento” de la figura de las procuradoras
y procuradores y con el propósito de lograr una mejora de los tiempos de
resolución en la Justicia del país sin costo económico para el Estado.

Para más información: Informe La Justicia en España 2024